Pablo Pérez. El Nacional
En el marco de la desesperación que tiene el gobierno por el escenario adverso que se les avecina el 6-D, están cometiendo errores que no solo van a tener un costo electoral para ellos, sino que pueden ir mucho más allá porque están agregando acciones que pueden configurar más violaciones de los derechos humanos a su ya largo expediente en esta materia. El cierre de la frontera no se justificaba, ni se justifica, porque se supone que para evitar el contrabando existe toda una estructura del Estado formada por funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Armada Nacional, quienes tienen los medios y las competencias legales para evitar que se fuguen combustible o alimentos hacia Colombia. Pero como lo que se busca es un efecto, más no resolver el fondo del tema, el gobierno recurre al cierre y la deportación masiva de colombianos. Se han cometido errores graves, como lo admitió el propio gobernador del Táchira, al marcar las humildes casas de esos ciudadanos. Eso desdice mucho del interés y el objetivo de las medidas.
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