Marianella Salazar / El Nacional
La situación puede desbordarse y sumirnos en una espiral de violencia que nadie quiere, el gobierno debería ser el primer interesado en evitarlo y cumplir con el mandato popular expresado el 6-D, que no es otra cosa que someterse a control legislativo como lo exige la Constitución y, en vez de generar confrontación y sabotear su función –como pasó con los ministros que no asistieron al Parlamento para explicar el mamotreto de decreto de emergencia económica–, le tira la pelota a la Asamblea para responsabilizarla de la debacle, cuando su responsabilidad constitucional es resolver los problemas sociales y económicos que durante este desgobierno de Nicolás Maduro se agravaron con más corrupción, mayor incompetencia y, sobre todo, por su falta de sensibilidad social.
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